La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado una serie de recursos de casación interpuestos por la Junta de Andalucía, declarado la nulidad de diversos artículos del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía (RRA), con motivo de los recursos contenciosos-administrativos interpuestos por las entidades AMBILAMP, ECOVIDRIO, SIGAUS, SIGNUS ECOVALOR, ECOEMBES, ASAJA-SEVILLA, SIGFITO AGROENVASES, ECOTIC y ECO-RAEE.
En primer lugar, el Tribunal Supremo avala la declaración de nulidad de del artículo 42.1.c) del Reglamento de Residuos de Andalucía, ya que la vulneración por parte del Decreto impugnado se debe a la obligación de notificación previa que en dicho precepto se impone respecto de “todos los residuos sujetos al principio de responsabilidad del productor del producto… que se destinen a valorización”,
Entiende el Tribunal Supremo que la obligación de notificación previa resulta contraria al artículo 25.3 de la Ley 22/2011 que impone tal obligación, exclusivamente, para tres tipos de traslados:
– Los traslados para la valorización de residuos domésticos mezclados.
– Los de residuos peligrosos,
– Los de residuos que reglamentariamente se determine.
Por lo tanto, se ha determinado la anulación del artículo 42.1.c) del RRA dada la extralimitación -en relación con la notificación previa- que en el mismo se contiene a “todos los residuos sujetos al principio de responsabilidad del productor del producto que se destinen a valorización”.
En segundo lugar, el Tribunal Supremo igualmente ha determinado la nulidad de los apartados 2 y 3 del artículo 42 del Reglamento de Residuos de Andalucía, los cuales establecen, respectivamente, las causas para oponerse a la salida o a la entrada de residuos en Andalucía.
El Tribunal Supremo ha señalado que las causas de oposición que se recogen en los apartados impugnados, se lleva a cabo sin tomar en consideración el concreto motivo, causa o finalidad de la entrada o salida pretendida; esto es, sin distinguir entre los destinados a la valorización de los residuos y los destinados a su eliminación, lo cual contraviene de manera expresa lo estipulado tanto en el artículo 25 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados como en el Reglamento Comunitario 1013/2006 relativo a los traslados de residuos.
Así pues, el Tribunal Supremo entiende que el reglamento autonómico “crea”, por la insuficiente vía reglamentaria, causas de oposición para los traslados de residuos con destino a sus valorizaciones no previstas en las citadas normas estatal y comunitaria, alterando el sentido de las normas superiores.
